¿Por qué las pequeñas empresas privadas no pueden convertirse en franquicias en Cuba?

Como una pelea arreglada se desarrolla la contienda entre las pequeñas empresas privadas y estatales en Cuba. Los jueces y las reglas siempre favorecen a las segundas a pesar de su marcada ineficiencia. De esa forma, por mucho que resistan, golpeen y pongan empeño los cuentapropistas cubanos su derrota está decidida de antemano y es “constitucional”. Así que nada de “enriquecimientos” desmedidos, expansión y, mucho menos “franquicias cuentapropistas”.

Ningún funcionario cubano ha podido explicar con un poco de “lógica económica” porque una paladar debe tener un número limitado de sillas; mientras los restaurantes que regenta el Estado pueden tener cuantas deseen a pesar de que permanecen la mayor parte del tiempo totalmente vacíos. Como tampoco, por qué los establecimientos estatales pueden ser cafetería, bar y restaurante al mismo tiempo y los dueños de las pequeñas empresas privadas que brindan los mismos servicios deben decantarse a partir de diciembre por una sola de estas funciones.

En leyes tan disparejas y excluyentes, los exitosos negocios privados no pueden ni soñar con convertirse en franquicias; como sí se les ha permitido a las empresas privadas a pesar del fracaso sostenido y constante que han sufrido en estos emprendimientos a lo largo de los años.

¿Acaso es mejor para la economía cubana permitir que gigantes como Nestlé se adueñen del mercado interno de distribución de helados de dudosa calidad, que permitir que un pequeño empresario que fabrica buenos helados de forma casi artesanal expanda su negocio, sustituya importaciones, cree empleos y llegue con su producción a los lugares donde a las empresas gigantes no les interesa?¿Es más revolucionario permitir el enriquecimiento sin límites de las transnacionales extranjeras que la prosperidad de los pequeños negocios de los cubanos?

Pero no sólo con barreras legales chocan los pequeños empresarios privados para triunfar en Cuba. Dentro de los marcos regulatorios estrechos donde se ven obligados a operar, también sufren la hostilidad de los funcionarios de los gobiernos locales. Los mismos que deberían estar interesados en su prosperidad, pues un porciento de los impuestos se utiliza en teoría para resolver los acuciantes problemas de los municipios. Es la historia del perro que se muerde la cola: una persecución circular y sin sentido que cuando tiene éxito sólo sirve para dañar al propio perro.


Limitar al punto de la prohibición la expansión de la pequeña empresa privada es un sinsentido que frena objetivos primigenios de la economía cubana como la expansión industrial, la diversificación del mercado internos, la creación de servicios para la población, la generación de empleos de calidad y la sustitución de importaciones. Resulta paradójico que los mismos que se paran en las tribunas a predicar estas necesidades sean los mismos que luego atizan a los que mejor pueden contribuir a su implementación.
Las nuevas normativas que entrarán en vigor el próximo diciembre, lejos de un “reordenamiento” del trabajo por cuenta propia, como han expresado las autoridades cubanas parecen más una cruzada (económica e ideológica) que busca aniquilar a los que han demostrado ser los más eficientes dentro de la iniciativa privada. En Cuba, como de costumbre a los clavos que sobresalen no dejan nunca de caerles a martillazos.
El freno de mano que ha puesto el Gobierno a la pequeña empresa cubana ha hecho expresar a algunos analistas que el ciclo aperturista en Cuba que inició el presidente Raúl Castro ha llegado a su fin. Después de todo era sólo un “experimento” y los “científicos” del PCC han decidido serrucharle los fondos. No es la primera vez que algo así sucede en Cuba, y seguramente no será la última.

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