Una auditoria del Gobierno detecta “irregularidades” en empresas estatales de La Habana que han provocado que “desaparezcan”

Una nota divulgada hoy publicada en los principales medios oficiales de la Isla refleja que luego de una auditoria llevada a cabo en La Habana por la Contraloría General de la República (CGR) en unos 13 municipios capitalinos, se detectaron irregularidades económicas que han causado daños por unos 116 millones de CUC.

El informe publicado el día de ayer expone entre las principales irregularidades detectadas asociadas al control, uso y destino del combustible, falta de rendición de cuentas, cuentas por cobrar y pagar a privados, así como diferentes fallos en los procesos de contratación económica.

El resultado de la XIII Comprobación Nacional al Control Interno en La Habana fue dado a conocer durante una reciente reunión en la que estuvo presente Gladys Bejerano, Contralora General y vicepresidenta del Consejo de Ministros, así como varios directivos de las diferentes entidades que fueron inspeccionadas.

Durante su intervención, Bejerano realizó énfasis en las “debilidades éticas” (corrupción), así como la presencia de indisciplinas e insuficiencias a la hora de “descentralizar las facultades que han sido otorgadas al sistema empresarial”, en el cumplimiento de los planes económicos, así como en el análisis, control y seguimiento de los mismos.

La funcionaria precisó además que durante el ejercicio de la XIII Comprobación Nacional al Control Interno en La Habana se llevaron a cabo unas 70 acciones de control en los 13 municipios auditados, en los cuales obtuvieron resultados favorables unas 22 de las 36 entidades que fueron inspeccionadas.

Se encontraron afectaciones en los grupos empresariales Agrícola y Ganadero, Gran Caribe S.A. y Cubanacán S.A., e irregularidades en los niveles de inventario de las empresas Genética Porcina, Correos Habana del Este y la Unidad Empresarial de Base Complejo 5ta.

Como parte de las medidas que se tomarán a raíz de los resultados obtenidos por la CGR se ha anunciado que a partir del mes de febrero en la capital cubana unas 77 entidades comenzará a recibir un 50 % menos del combustible, al menos hasta que se esclarezca el uso sin control de ese recurso tan necesario para la nación caribeña.

Al respecto, la semana pasada el actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó de inadmisible el robo de combustible en las empresas por parte de sus empleados y demandó un control más estricto por parte de los directivos, puesto que este es un sector que anualmente le cuesta al país más de 3.000 millones de dólares.

En la provincia de Ciego de Ávila se perdieron más de 134 millones de pesos en 10 empresas, según esta misma comprobación estatal, y en Matanzas fue superior a los 20 millones de pesos en 21 empresas.

 

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