FBI arresta en Miami a cubano que mintió en su aplicación migratoria al negar que pertenecía a los órganos de la Seguridad del Estado en Cuba

El FBI arrestó esta semana al ciudadano cubano Saúl Santos Ferro, de 73 años de edad y quien desde hace varios años vive en Miami, tras ser encontrado culpable en una acusación federal presentada por los agentes de Inmigración, quienes presentaron cargos en su contra por mentir en su solicitud de residencia permanente en los Estados Unidos.

Santos Ferro ha sido arrestado bajo cargos de fraude migratorio, explicó este miércoles el Departamento de Justicia de EE.UU., pues cuando entregó su aplicación para obtener un visado como residente permanente declaró falsamente bajo juramento que nunca había pertenecido o prestado servicios como miembro de una unidad de policía en Cuba.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tenía pruebas de que Santos Ferro había sido en la isla un oficial de alto rango dentro del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), algo que negó al completar su formulario en el 2013.

“Ferro hizo una serie de mentiras y tergiversaciones en su solicitud para registrarse como residente permanente que presentó a sabiendas a las autoridades de inmigración de EE.UU. para obtener el estado de residente permanente legal”, precisó a la prensa su abogado en un comunicado.

En su comparecencia frente a una corte federal, fue identificado como un exjefe de la DSE que ejercía en el poblado de San Cristóbal, en la actual provincia de Artemisa, donde “ayudó y participó en unidades militares, unidades paramilitares y policiales”, de acuerdo a los cargos federales que se le imputan.

El caso fue reportado al FBI por la organización Cuba Represor ID, integrada por los abogados Santiago Alpízar, Willy Allen, Luis Fernández y Ricardo Martínez Cid, quienes conocieron sobre Ferro por las publicaciones de varios usuarios en las redes sociales, donde se le vinculaba se actividad militar en Cuba.

Saúl Santos Ferros enfrenta ahora cargos por hacer declaraciones falsas en un documento de inmigración y el juez frente al que compareció ayer le fijó una fianza de 100 mil dólares y le impuso un arresto domiciliario con monitoreo permanente por GPS. En caso de ser encontrado culpable afronta una pena carcelaria de diez años por incurrir en falsedades en una investigación federal.

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